Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Tomás Marcos • 3 de mayo de 2022

Los principios que comportan un cambio en el concepto de la discapacidad.

Desde 2019, el día 3 de mayo, se celebra el Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.


Los principios que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos para las personas con discapacidad. Se considera a éstas como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos se pleno y efectivo.


La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su sede de Nueva York, y entró en vigor en España, el 3 de mayo de 2008, tras alcanzar la ratificación de 20 países.


La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce la no discriminación y la autonomía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es decir, hace una relectura de estos derechos para que sean garantizados a las personas con discapacidad. Está escrita en clave de realidad,  y como ningún otro tratado internacional, se orienta a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.


En España, la Convención entró en vigor también el 3 de mayo de 2008. Respecto a su aplicación en nuestro país, hay dos mandatos esenciales: tras su publicación forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, esencialmente, se convierte en referente de interpretación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Nos encontramos, por tanto, ante un tratado internacional aplicable en todos los niveles, estatal, autonómico y local. La Convención obliga a España, como estado parte, a dar cumplimiento a los mandatos de este tratado.


Después de más de 10 años, es prioritario impulsar el desarrollo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo, porque tras su firma forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y, se convierte en el referente de interpretación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por tanto, ante un tratado internacional directamente invocable y aplicable, hay que trabajar para dar el máximo grado de protección a los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad.


Impulsar, promover, proteger y asegurar en condiciones de igualdad los derechos fundamentales de las personas con discapacidad es el objetivo todavía pendiente, de la Convención. Priorizar las políticas integrales de la discapacidad para que, las personas con discapacidad estén totalmente incluidas en la sociedad: la igualdad y no discriminación, las mujeres con discapacidad la infancia con discapacidad, la accesibilidad universal, el acceso a la justicia, la violencia y el abuso hacia personas con discapacidad, el derecho a la vida independiente, la libertad de expresión y el acceso a la información, el respeto a la privacidad, la educación inclusiva, la atención socio-sanitaria, el empleo, la participación en la vida política y la participación en la vida cultural y en las actividades de ocio y deporte.


Tras más de diez años, la primera prioridad es abrir un diálogo directo con la sociedad civil, especialmente con las organizaciones del Tercer Sector enfocadas a las personas con discapacidad con el objetivo de que el cumplimiento de la Convención sea una realidad. Que la inclusión social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad sean el centro de la agenda legislativa.



Garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, la educación inclusiva, la vida independiente, la atención socio-sanitaria, el deporte, ocio y la cultura inclusivas, la accesibilidad universal, la inclusión laboral y el emprendimiento de las personas con discapacidad, son exigencias ineludibles de la Convención. 


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