Esther Ruiz, enero 2024

En un momento trascendental para la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad en España, celebramos el reciente consenso entre los diversos grupos políticos para eliminar el término "disminuido" de la Constitución Española. Este hito representa un paso significativo hacia la promoción de un lenguaje inclusivo y la consolidación de una sociedad que valora la diversidad. Un paso que ha costado 20 años de lucha y mucho dolor para las familias.

Este acuerdo unánime es un testimonio tangible de la capacidad de la sociedad para evolucionar y adaptarse en pos de un bien común. El compromiso conjunto de partidos políticos, incluso de los conservadores que votaron que no a reformarla hace apenas unos meses, refleja una comprensión compartida de la importancia de fomentar un entorno inclusivo que respete la diversidad de las personas con discapacidad. Y, por qué no decirlo, una demostración de que si se quiere, se puede. Sin teatrillos.

Eliminar el término "disminuido" de la Constitución Española no sólo implica un ajuste semántico, sino que también representa un reconocimiento explícito de la necesidad de erradicar estigmatizaciones y prejuicios que puedan afectar a este colectivo. Este cambio refuerza la idea de que cada individuo, independientemente de sus capacidades, merece ser reconocido por su valía y contribución a la sociedad.

Mirando hacia el futuro, sin perder la vista en el presente, nuestro compromiso continuo debe centrarse en la implementación de medidas concretas que garanticen la plena participación y el acceso equitativo para todos los ciudadanos.

Me sumo a la celebración de este avance, con algo de vergüenza por los discursos que nada tuvieron que ver con este asunto de gran importancia, contribuyendo al diálogo y al cambio positivo, trabajando juntos para construir una sociedad donde cada voz sea escuchada y cada persona sea valorada por su singularidad.

¡Ya era hora!

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